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De acuerdo con la Ley General de la Persona Joven N ° 8261 y sus reformas, en su artículo
2, las personas jóvenes son aquellas cuyas edades van desde los 12 a los 35 años, es una población
muy heterogénea que se encuentra en etapas muy diferentes y con características particulares; son
sujetos de derechos y gozarán de todos los inherentes a la persona humana garantizados en la
Constitución Política y en los instrumentos internacionales (Asamblea Legislativa, 2002, p. 4) .
Por otra parte, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes reconoce su derecho a
gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y dentro de los “derechos económicos, sociales
y culturales” se encuentran: el derecho a la salud integral, a la educación, al trabajo, a la vivienda,
a la protección social, entre otros. (Asamblea Legislativa, 2007, p.5)
Además, dado que el Código de Niñez y Adolescencia establece un régimen de protección
especial y en su artículo 78 reconoce el derecho de las personas adolescentes mayores de quince
años a trabajar, es necesario tomar en cuenta las restricciones impuestas en este Código, los
convenios internacionales y la ley, en donde se indica que este derecho podrá limitarse cuando la
actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física mental y emocional o
impida la asistencia regular al centro educativo (Asamblea Legislativa, 1998, p.23). En su artículo
79 se establece en forma expresa, que las personas adolescentes gozarán de la misma protección y
garantías que las personas adultas. (Asamblea Legislativa, 1998, p. 23)
En términos de políticas públicas de juventudes es importante caracterizar a estas
microempresas de los hogares, cuyos dueños son personas jóvenes, por ser negocios con una
serie de características muy particulares, y que enfrentan diferentes necesidades, principalmente
porque los emprendimientos se plantean como una posible fuente de empleo y generación de
ingresos (CPJ, 2020, p.79-164), sin embargo, estas actividades están asociadas al sector informal
de la economía, por lo que este análisis provee información valiosa para generar acciones
orientadas al mejoramiento de las condiciones laborales y económicas de esta población.
Es importante visibilizar este grupo de emprendimientos los cuales tienen una serie de
limitaciones y debilidades que no les permite tener acceso a los beneficios ofrecidos por la Ley
8262 (acceso a fondos no reembolsables, créditos, preferencia en las compras públicas del
gobierno, exoneraciones, entre otros), al no cumplir con las condiciones necesarias para ser una